Decreto Mari Carmen

Razonamiento desde la Psicología Política

**La crisis de la vivienda existe. **
Precisamente por eso merecemos algo mejor que una explicación construida a base de **villanos fáciles**, consignas memorables y soluciones cuyas consecuencias apenas se discuten.
Mari Carmen Abascal tiene 87 años. Llevaba 71 viviendo en la misma casa de Retiro de unos 100m2 a un precio inferior a 200€ de alquiler. El propio BOE recoge además, que Mari Carmen ha tenido en su propiedad un chalet en la Sierra de Madrid. Percibía, de hecho, una pensión de unos 1.350 euros.
Nada de eso necesita relativizarse.
Un caso humano extremadamente emotivo puede demostrar que existe una persona que necesita protección, pero no demuestra automáticamente que **la responsabilidad de su protección recaiga sobre el casero** ni tampoco dilucida cuál es la causa principal de la crisis nacional de vivienda o qué regulación producirá mejores resultados para millones de personas.
Ese salto entre “esto es intolerable” y “por tanto esta política concreta es correcta” es precisamente donde empieza a fallar el razonamiento.

**Mari Carmen como símbolo: el efecto de la víctima identificable**
La psicología conoce bien el fenómeno, reaccionamos con mucha mayor intensidad ante una persona concreta, con nombre, edad, rostro e historia, que ante miles de observaciones estadísticas. Esto humaniza problemas que los números pueden ocultar y genera un peligro político, **confundir intensidad emocional con capacidad probatoria.**
Mari Carmen se convirtió en el símbolo de una crisis estructural y la rapidez diferencial de las actuaciones del Gobierno, frente a otras crisis humanitarias como la de Ceuta, merece, cuanto menos, análisis.

**¿Quién es exactamente el Sindicato de Inquilinas?**
El Sindicato de Inquilinas de Madrid nació en 2017. Su propia documentación declara unas 3.000 afiliaciones a finales de 2024. Según los datos revisados por Newtral, a cierre de 2025 tenía 1.858 afiliados con cuota, ocho empleados y destinaba aproximadamente el 87% de sus ingresos a estos 8 empleados.
Otra cosa perfectamente analizable, es su marco ideológico, su interlocución con partidos, su influencia sobre la agenda pública y la extraordinaria similitud entre algunas de sus reivindicaciones y medidas posteriormente discutidas por fuerzas políticas. Eso es psicología política.

**Lo que el movimiento pide de verdad**
El propio Sindicato ha defendido oficialmente una reducción del 50% de los alquileres y contratos indefinidos, medidas contra los desahucios (*sin pararnos a reflexionar sobre la lógica o coherencia de cada caso particular*), regulación de alquileres temporales y por habitaciones, prórrogas contractuales, congelación de las rentas vigentes y renovación automática de los contratos. También aparecen manifiestos llamativos como **''Vivienda gratuita''**.
Aquí aparece una de las preguntas que sorprendentemente recibe menos atención:

**¿Qué ocurre después?**
Reducir administrativamente un precio puede beneficiar inmediatamente al inquilino que conserva esa vivienda, no al que quiere acceder a ella (*que en teoría es por el que se lucha*). Además, el mercado no termina al día siguiente de aprobar la norma. El propietario puede vender, puede retirar el inmueble, puede pasar al alquiler de temporada, puede alquilar habitaciones, puede endurecer extraordinariamente los requisitos de entrada, puede exigir mayores garantías, puede dejar de invertir en mantenimiento. Y futuros inversores pueden decidir no incorporar nuevas viviendas al mercado de alquiler. No son simples hipótesis ideológicas, la OCDE señala precisamente que la experiencia del control implantado en Barcelona en 2020 **mostró reducción de oferta, con propietarios que retiraron viviendas o las desplazaron hacia alquileres de corta duración. Por eso recomienda combinar cualquier protección de demanda con una expansión significativa de la oferta.** , problema que, el propio Sindicato de Inquilinas, niega que exista.
El Banco de España lleva años revisando la evidencia internacional sobre controles de alquiler y sus efectos deseados y no deseados. Banco de España
La conclusión, depende del diseño y, si se ignora la oferta, aparecen problemas importantes a medio y largo plazo.

**El enorme problema que no cabe en una pancarta: faltan viviendas**
Entre 2022 y 2024 España creó unos 604.000 hogares netos, mientras solo se concedieron unos 345.000 permisos de construcción. El déficit acumulado de vivienda para 2022-2025 ha sido estimado en torno a 600.000 unidades y el alquiler social supone únicamente alrededor del 3% del parque español. Para aproximarse a la media europea, la OCDE calcula que España necesitaría alrededor de 850.000 viviendas sociales adicionales. Esto cambia considerablemente el diagnóstico ya que si en las zonas donde todo el mundo quiere vivir aparecen muchos más hogares que viviendas disponibles, podemos discutir quién debe soportar el coste de la escasez, **pero no hemos eliminado la escasez**.
Podemos prohibir una subida, subvencionar al demandante, limitar contratos, señalar al propietario. Seguimos teniendo 604.000 nuevos hogares frente a 345.000 permisos. **La aritmética no tiene ideología.**

**El problema del “fondo buitre” como explicación universal**
Los fondos institucionales merecen regulación cuando realizan prácticas abusivas y su concentración local puede tener consecuencias relevantes, pero convertirlos en explicación casi universal de la vivienda es otra cosa.
El Banco de España observa que el aumento del parque de alquiler residencial ha descansado fundamentalmente sobre **personas físicas** y que el peso relativo de la inversión institucional es contenido. También señala que están creciendo formas alternativas como alquiler turístico, temporal y por habitaciones, que compiten con el alquiler residencial permanente.
Hay además crecimiento demográfico, concentración de población en determinadas ciudades, creación de nuevos hogares, turismo, escasez de suelo finalista, lentitud urbanística, poca vivienda social, problemas de financiación para la compra y décadas de construcción insuficiente. La OCDE identifica precisamente una combinación de demanda creciente y oferta incapaz de responder. Reducir todo eso a “especuladores y fondos buitre” tiene una ventaja comunicativa extraordinaria: **ofrece un antagonista reconocible.**
Tiene una desventaja científica igualmente extraordinaria: **explica demasiado poco.**

**Derecho a la vivienda no significa vivienda sin coste**
El artículo 47 establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y obliga** a los poderes públicos** a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. El artículo 33 reconoce simultáneamente la propiedad privada y la herencia, aunque sujetas a su función social.
No existe contradicción, la sanidad puede ser un derecho sin que el médico trabaje gratuitamente, el coste se socializa mediante financiación pública. La educación puede ser gratuita para el alumno sin convertir al profesor en trabajador gratuito. De igual modo, garantizar vivienda no exige necesariamente trasladar el coste de la política social a un propietario privado concreto.

**Pero tampoco toda emergencia social recibe la misma cantidad de atención.**
En septiembre el Gobierno calculaba que todavía quedaban entre **700 y 1.000 menores migrantes sin tutelar en las calles de Ceuta, **.
Esto no significa que debamos escoger entre Mari Carmen y esos niños, significa algo más interesante desde la psicología política: **la cantidad de atención pública que recibe un problema no es una medida objetiva de su gravedad.**
La agenda mediática, la facilidad para construir un símbolo, la identificación emocional, el antagonista disponible y la capacidad organizativa determinan qué problema monopoliza nuestra atención. Y hay una variable incómoda, **nuestras propias decisiones**. Ahorrar no convierte una vivienda cara en barata, la educación financiera no crea por sí sola 600.000 pisos y una persona con un salario bajo no puede resolver por interés compuesto una renta desproporcionada. Pero tampoco tiene sentido excluir completamente del debate la formación financiera.
**En PISA 2022 España quedó por debajo de la media de la OCDE en competencia financiera y solo el 21% de los alumnos de 15 años declaró haber aprendido qué era el interés compuesto durante el último año y seguir comprendiendo el concepto. Solo un 5% alcanzó los niveles superiores de competencia financiera. **
Enseñar ahorro, inversión, endeudamiento, hipotecas, interés compuesto y planificación financiera no sustituye una política de vivienda, FORMA PARTE DE ELLA.

**¿Qué conversación estamos evitando?**
La discusión seria debería incluir simultáneamente construcción, desbloqueo y transformación de suelo, agilización administrativa, vivienda pública y social permanente, seguridad jurídica del alquiler, protección específica de personas vulnerables, transporte que amplíe las áreas residenciales viables, residencias y modelos específicos para estudiantes y mayores, regulación eficaz del alquiler turístico y temporal, incentivos para sacar viviendas al mercado y una evaluación rigurosa de cualquier control de precios.
Eso es bastante menos emocionante que gritar “50%”. También es bastante más difícil imprimirlo en una pancarta.

**Conclusión**
El desahucio de Mari Carmen lo que no merece es convertirse en un atajo epistemológico.
Una historia puede demostrar sufrimiento, no causalidad. Un villano puede movilizar, pero explica un mercado. Un precio máximo puede aliviar hoy a quien ya tiene contrato, **pero nos dice cuántas viviendas habrá mañana.**
Y llamar “derecho” a un bien no elimina sus costes de producción, mantenimiento ni oportunidad. La función de la psicología política no debería consistir en decidir qué bando tiene mejores intenciones, sino en observar cómo se construye una narrativa capaz de convertir una realidad extraordinariamente compleja en una secuencia psicológicamente irresistible:
**víctima identificable → culpable identificable → explicación simple → solución simple.**
La vivienda española tiene un problema demasiado serio para resolverlo así. Y quizá la crítica más incómoda sea precisamente esta, podemos compartir el objetivo de que nadie quede sin vivienda y, al mismo tiempo, exigir que las políticas propuestas demuestren que aumentarán y no reducirán las posibilidades reales de acceder a ella dentro de cinco, diez o veinte años.

Fuente original: OECD